La audiencia preliminar del caso de corrupción en Ferrominera Orinoco se dio este jueves en Caracas, dos años después de que se iniciara la investigación y se ordenara la detención del expresidente de la estatal, Radwan Sabbagh, cuatro gerentes y el empresario Yamal Mustafá por la desviación de una partida presupuestaria y la irregular comercialización de mineral de hierro.
En el proceso, que se extendió hasta la noche, el Tribunal 9º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) condenó a cinco años y dos meses de prisión a María Acosta (exgerente de Finanzas) y María Rodríguez (exgerente general de Administración y Finanzas) de CVG Ferrominera Orinoco, “luego de admitir estar incursas en hechos de corrupción cometidos durante la gestión del expresidente de la estatal, Radwan Sabbagh”, informó el Ministerio Público en una nota de prensa.
De acuerdo con el comunicado, el exgerente técnico de Operaciones de esa empresa del Estado, Ángel Ramón Campero Franco, también admitió los hechos y fue condenado a tres años y seis meses.
Las fiscales 56º y 57º nacional, Milvira Caraballo y Paula Ziri-Castro, respectivamente, ratificaron la acusación contra las exgerentes Acosta y Rodríguez, por incurrir en los delitos de peculado doloso y malversación agravada.
Mientras que a Campero se le ratificó la acusación por la comisión de los delitos de peculado doloso propio, en grado de cooperador.
Los funcionarios permanecerán en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, con sede en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, hasta que un tribunal de ejecución decida la medida a imponer.
Adicionalmente, el mismo tribunal de control impuso una multa a los tres exgerentes, por lo que deberán pagar 20% del daño patrimonial causado al Estado venezolano.
A juicio
Pese a las declaraciones de los gerentes, el expresidente de la estatal, Radwan Sabbagh, y Noel Ramírez (exconsultor jurídico), pasaron a juicio tras no admitir los hechos. Ambos se mantienen privados de libertad en la misma sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Pese a las declaraciones de los gerentes, el expresidente de la estatal, Radwan Sabbagh, y Noel Ramírez (exconsultor jurídico), pasaron a juicio tras no admitir los hechos. Ambos se mantienen privados de libertad en la misma sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Sabbagh está acusado por los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación y concertación de funcionario público con contratista, mientras que Ramírez por ser cómplice necesario en el delito de peculado doloso.
La detención se produjo el 12 de junio de 2013 cuando el presidente Nicolás Maduro anunció en cadena nacional la acción. “Las investigaciones bien conducidas nos llevaron primero a destituirlo (…) Está involucrado en mafias por todos lados en las empresas básicas, inaceptable que se le dé a esta gente, a un funcionario que se le dé toda la confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas que le pertenecen al pueblo de Venezuela”.
Este ha sido el único caso de la lucha contra la corrupción en el que Nicolás Maduro se ha involucrado directamente, aunque violando el debido proceso y sin ir al fondo de las denuncias hechas por los colectivos revolucionarios.
Suspensión de medida
Pese a que el Tribunal de Control sobreseyó la causa del empresario Yamal Mustafá, la Fiscalía apeló la decisión y aplicó una suspensión de medida que paralizó la decisión y extiende su detención hasta que haya un nuevo pronunciamiento.
Pese a que el Tribunal de Control sobreseyó la causa del empresario Yamal Mustafá, la Fiscalía apeló la decisión y aplicó una suspensión de medida que paralizó la decisión y extiende su detención hasta que haya un nuevo pronunciamiento.
El Estado acusa a Mustafá por ser cooperador inmediato en los delitos de peculado doloso propio y concertación de funcionario público con contratista por las negociaciones que durante la gestión de Sabbagh se hicieron para la comercialización del mineral de hierro.
La aprehensión del empresario ha significado en el plano político una estocada al gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, de quien Mustafá es amigo personal y contratista en la administración regional.
Por este mismo caso está solicitado su sobrino, Manuel Mustafá, propietario de al menos tres empresas que fueron utilizadas durante la gestión de Sabbagh como intermediarias para la venta del producto.
Sus bienes y su casa en la renombrada urbanización Loma Linda han sido confiscadas por el Gobierno hasta que se esclarezca el caso.
De acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) hay tres razones por las cuales el tribunal puede dictar el sobreseimiento de la causa: “el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado; el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad; la acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada o que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación”, explica el Ministerio Público.
El 12 de junio de 2013 el presidente Nicolás Maduro anunció la detención del expresidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh
Foto William Urdaneta/Archivo
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